Más de tres años han pasado desde que se autorizó la siembra de semillas genéticamente modificadas y la pregunta sigue sin respuesta: “¿Por qué las autoridades mexicanas permiten la siembra de transgénicos aun cuando todos los argumentos técnicos y científicos apuntan hacia la prohibición?”, aseveró Aleira Lara, coordinadora de la campaña de Agricultura Sustentable y Transgénicos de Greenpeace México.
A ese por qué se le suma una lista de cómos y quiénes: la primera autorización de siembra de cultivos transgénicos, semillas a las que se les incorporan genes de otra especie para hacerlas resistentes a una determinada plaga o condición climática, fue otorgada a la trasnacional de la agrobiotecnología, Monsanto.
Monsanto no sólo es reconocida en el mundo por su extensa trayectoria en la industria, de más de un siglo, sino también por diversos escándalos que han acompañado la producción y efectos de los transgénicos en la agricultura, así como por la injerencia política dentro de los países donde opera.
Los antecedentes de la autorización de la siembra de Monsanto en México se remontan a 2009. Ese año, el presidente Felipe Calderón se reunió con Hugh Grant, la cabeza empresarial de Monsanto , y a su regreso desmanteló los únicos dos candados de la Ley de Bioseguridad de los Organismos Genéticamente Modificados (LBOGM) que habían aislado a México de los cultivos transgénicos.
La decisión gubernamental se inscribe en un discurso sobre la soberanía alimentaria, ¿produce México la cantidad de comida necesaria para alimentar a su población? No y las carencias se suplen a través de importaciones; sólo en el primer semestre de 2012 se incrementó 36.5% el balance comercial negativo de acuerdo a los datos del Banco de México (Banxico). Garantizar el abasto con producción extranjera no es malo en sí, pero introduce una volatilidad en los precios que repercute en la canasta básica y, por ende, en el acceso de las familias a los productos. En otras palabras: para quienes gastan más del 60% de su ingreso en comida, un aumento en los precios se traduce en una disminución proporcional en la cantidad y calidad de los alimentos que pueden comprar.
¿Puede Monsanto eliminar la dependencia en las importaciones? La respuesta a esta pregunta se divide: para la empresa estadounidense ésta es una de las ventajas de sus semillas, la mayor productividad por hectárea; mientras que para las organizaciones ambientalistas, como Greenpeace, este supuesto beneficio es sólo un engaño de la trasnacional. Más allá de la polémica, de la confrontación de dos posturas antagónicas, se trata de cómo estos dos actores pugnan por convencer a la autoridad sobre su correspondiente punto de vista.
¿Cómo pudo Monsanto imponer el suyo? Publicaciones como “El libro negro de Monsanto” y documentales como “La vida según Monsanto” han acopiado información sobre la injerencia política, conocida como cabildeo o lobbying, realizada por esta empresa. Dicha estrategia se conoce como La puerta giratoria ya que emplea la imagen que genera el ir y venir indiscriminado de gente que ha pertenecido a la industria y pasa a ocupar puestos de decisión gubernamental sobre transgénicos.
En la página monsanto.com.mx la empresa resume su política frente a esta acusación: “Tales teorías ignoran la simple verdad en el hecho de que la gente con frecuencia cambia de trabajo (…) Tanto el sector público como el privado se benefician cuando los empleadores tienen acceso a gente con la mejor experiencia y las mejores calificaciones. Es perfectamente entendible que alguien dentro del gobierno que haya concluido que la biotecnología es una tecnología positiva y benéfica pase a trabajar para una compañía de biotecnología, al igual que alguien que piense de manera diferente y encuentre empleo dentro de una organización que se oponga”.
El ejemplo más reciente de La puerta giratoria en México se encuentra “en el gabinete de transición de Enrique Peña Nieto, se designó a Francisco Bolívar Zapata como encargado de Ciencia, Tecnología e Innovación; es relevante ya que él ha apoyado, a través del cabildeo político, la autorización de los cultivos transgénicos, conocido como El príncipe Monsanto”, afirma Aleira Lara.
La relevancia del lobby realizado por empresas como Monsanto es que tiene repercusión directa sobre las políticas públicas y las decisiones de Estado. La intromisión va más allá de los pros y contra de los transgénicos, afecta la soberanía. Pocos días después de que el presidente de Paraguay, Fernando Lugo, fuera destituido de su cargo a través de lo que se ha llamado un golpe de Estado parlamentario respondió ante Johannes Wilm sobre los intereses de su derrocamiento, que bien podrían ejemplificar un cabildeo empresarial de alta injerencia política:
“Según las primeras medidas que tomó el gobierno que se instaló: no hay impuesto a la soja, vía libre a los transgénicos, instalación casi inmediata de la trasnacional Rio Tinto Alcan; (…) Lo más seguro es que estos tres elementos como medidas económicas, sin duda estaban ensambladas en este golpe parlamentario.”
El problema no se centra en la autorización por sí misma de los transgénicos, sino en el irregular procedimiento que llevó a su aprobación. La dependencia gubernamental encargada de expedir los dictámenes es la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) que a su vez, según la LGBO, debe acudir a organizaciones expertas como la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio) y al Instituto Nacional de Ecología (INE) para que determinen la viabilidad de los proyectos no se han tomado en cuenta “Las autorizaciones de siembras piloto y experimentales han sido otorgadas en obediencia a presiones que dejan sin efecto los argumentos técnicos y científicos de expertos en aras de los intereses económicos de las empresas Monsanto, Syngenta, Dow AgroScience y Pioneer”, afirman organizaciones ambientalistas.
